ASTIC y los peajes  
Ramón Valdivia Palma

Tribuna

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Ramón Valdivia Palma

Vicepresidente Ejecutivo
Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)
LinkedIn: Ramón Valdivia Palma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





La red viaria es una infraestructura fundamental para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías, y su construcción y mantenimiento deben financiarse con fondos públicos.





Como Vicepresidente Ejecutivo de ASTIC, quiero expresar la oposición frontal que esta organización mantiene desde hace años a la implantación de peajes en las carreteras si no va acompañada de un replanteamiento profundo del esquema impositivo que evite que esos peajes sean, en realidad, un re-pago.

La red viaria es una infraestructura fundamental para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías, y su construcción y mantenimiento deben financiarse con fondos públicos. Si se considera la movilidad por carretera como un derecho esencial, tal como establece el texto de la aún no publicada “Ley de movilidad sostenible”, parece injusto volver a gravar el uso de esta infraestructura con peajes adicionales, especialmente si se tiene en cuenta que los ciudadanos y las empresas ya pagan impuestos que se destinan a financiar las infraestructuras públicas, entre las cuales están las carreteras, autovías y autopistas, a las que debemos reconocer y valorar como lo que realmente son: bienes públicos esenciales que contribuyen al bienestar colectivo y a la prosperidad de las sociedades y de sus ciudadanos.






La idea de implementar peajes en carreteras y autopistas puede parecer una forma fácil de obtener ingresos adicionales para los gobiernos, pero, en realidad, va en contra de la equidad y la justicia fiscal.





Los argumentos presentados para justificar los peajes no resisten, en nuestra opinión, un análisis detallado. El peaje suele justificarse desde premisas como "el que usa paga" y "el que contamina paga" o “se necesitan fondos para el mantenimiento”. Sin embargo, estos argumentos ignoran, para empezar, el hecho de que los usuarios de carreteras ya contribuyen con enorme holgura a su mantenimiento a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos y otras tasas, impuestos y gravámenes que afectan a los vehículos y la energía que utilizan. De forma que el Estado recauda decenas de miles de millones de euros anualmente para sus arcas sólo por la tenencia y uso de los vehículos.

Además, la afirmación de que los peajes reducen el impacto ambiental no está respaldada por evidencia sólida. Experiencias en otros países europeos no han demostrado una disminución significativa en el impacto ambiental debido a la implementación de sistemas de peaje.

El argumento de que "no me alcanza con lo ya recaudado" como razón para establecer nuevos pagos por uso de la carretera, tiene todo el aspecto de una excusa y un parapeto para esconder mayor afán recaudatorio.

Quizá convenga recordar que no sólo los gobiernos tienen dificultades para que les alcancen los fondos de que disponen, también cualquier persona o empresa u otras entidades públicas y privadas experimentan ese tipo de dificultades y, por ese motivo, se orientan a una utilización lo más eficiente posible de los fondos de los que disponen, estableciendo prioridades.

La red viaria es, desde nuestro punto de vista, una prioridad para cualquier país que quiera desarrollar su economía, vertebrar su territorio y conectar a sus ciudadanos garantizándoles el derecho a la movilidad propia y la de sus bienes. Las carreteras son una infraestructura básica, en nuestra opinión, al nivel de la establecida para la sanidad o la educación o la seguridad; escuelas, hospitales, comisarías, etc. son sufragados con los impuestos de todos los ciudadanos, tengan o no tengan hijos o familiares en edad escolar o seguros privados de salud, porque todos estamos de acuerdo en que un país con dichos servicios es un país mejor y con mayores posibilidades de generar prosperidad y ámbitos de libertad para sus ciudadanos. Exactamente igual cabe considerar a la red viaria que cumple una misión beneficiosa para todos, incluidos los que nunca dispongan de permiso de conducir o lleguen siquiera a pisar el asfalto.

Podemos seguramente imaginar otro modelo, según el cual sólo quienes usan deben pagar entonces el acceso a centros médicos, a los centros de enseñanza, a las comisarías y hasta las papeleras de las calles -todos ellos, junto a muchos otros servicios públicos, tienen su coste de implantación y de mantenimiento y mejora, como las carreteras- pero, entonces, lo más justo será eliminar de la carga impositiva que gravita sobre las personas y las empresas, una buena parte de la misma que, hoy por hoy, está destinada, como decía, a que entre todos tengamos un “terreno de juego” que nos dé mayores garantías de poder prosperar y hacer del nuestro un país mejor.

Desde luego, hablando concretamente de España, los peajes tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española, ya que encarecerían el precio de nuestros productos y lastrarían la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB (más de un tercio del cual viene del sector exterior y nuestros principales mercados son los socios de la UE con la carretera como principal modo de transporte), sin olvidar que, con mucha probabilidad, redundarían en un aumento de la siniestralidad: el peaje, que afectaría a los bolsillos de los conductores, impulsaría a muchos de ellos a buscar vías alternativas, el tráfico se derivaría a carreteras secundarias, menos seguras y, en algunos casos, con déficits de mantenimiento y conservación.

En resumen, la idea de implementar peajes en carreteras y autopistas puede parecer una forma fácil de obtener ingresos adicionales para los gobiernos, pero, en realidad, va en contra de la equidad y la justicia fiscal; aplicar un modelo de "pago por uso" a las carreteras sería, en nuestra opinión, un enfoque inadecuado y potencialmente perjudicial. Supondría ignorar el valor intrínseco de estas vías como infraestructuras que benefician a todos, facilitando no solo el transporte, sino también fortaleciendo la economía y la cohesión social.

Por lo tanto, en ASTIC, abogamos por un enfoque más inclusivo y equitativo en la financiación de nuestras carreteras. Creemos que su construcción, mantenimiento y mejora deben ser sufragados por el conjunto de los contribuyentes, ya que todos, de manera directa o indirecta, nos beneficiamos de su existencia.