El sector viario representado en la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha elaborado un documento dirigido al Gobierno con 20 medidas determinantes para la recuperación de esta industria. Este decálogo tiene como objetivo evitar que las carreteras españolas vuelvan a caer en el ostracismo, lo que afectaría muy negativamente a la prestación de los servicios de movilidad y convertiría en papel mojado para España los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero, además, pretende que las infraestructuras viarias sean vistas como determinantes para la recuperación del crecimiento y del empleo. Los datos de la Asociación señalan que desde el año 2009 la inversión en mantenimiento y reposición viaria se han reducido gravemente.
En concreto y para la red dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019 la caída se sitúa en un 76% en el capítulo de conservación y seguridad vial. El cumplimiento del déficit público exigido por Bruselas y el gasto social han sido la prioridad para los sucesivos gobiernos -incluso en los últimos ejercicios, cuando España empezaba a crecer a un ritmo sostenido-, siendo la inversión en infraestructuras la gran damnificada por estas políticas. Esto ha generado un déficit de conservación que supera los 7.000 millones de euros, según se desprende del último Informe sobre Necesidades de Inversión de las Carreteras Españolas, publicado por la Asociación Española de la Carretera en 2018. Para la AEC, la carretera debe ser entendida, más que nunca, como “un servicio esencial de movilidad y accesibilidad al territorio, imprescindible en el suministro de bienes y la prestación de servicios de primera necesidad (de alimentación, sanitarios, logísticos…)”.
Y ahora, “la única capaz de garantizar desplazamientos seguros en la era pos-Covid”. Pero, además, puede tener la llave de la recuperación económica y del empleo. Por todo ello, insta al Gobierno a considerar y desarrollar, bajo la coordinación de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Política Territorial y Función Pública, este conjunto de medidas que ha estructurado en tres apartados: medidas urgentes en confinamiento, medidas de impulso a la recuperación tras el confinamiento y medidas para la era posCOVID. Entre ellas, las más inmediatas, reactivar la ejecución real de todos los contratos de proyectos de ingeniería y obras ya existentes y dinamizar la inversión retomando la licitación y adjudicación de los contratos públicos.
También se pide flexibilizar estos contratos en la medida de lo posible en el supuesto de que la empresa viera obstaculizada su ejecución por causas humanas o materiales asociadas al coronavirus. Tras el confinamiento, la AEC plantea al Gobierno desarrollar un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas en el marco de la Agenda 2030 y sobre la base de la definición de la inversión pública que ha dado el propio Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como abordar el debate de la financiación de las carreteras en el medio plazo, tanto de su construcción como de su conservación, favoreciendo fórmulas de colaboración público-privadas.