La movilidad como derecho. Más que promesas
The right of mobility. More than promises
El pasado 6 de septiembre el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaró que “El derecho a la movilidad debe ser considerado un derecho básico en un país moderno como el nuestro. De ahí, el derecho a un transporte seguro y eficiente, sostenible”.
Efectivamente, la Constitución Española recoge en su Artículo 19 el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional. Sin embargo, ningún adjetivo califica cómo debe ser dicha movilidad. El Ministro sí lo hace, afirmando que debe cumplir estándares de seguridad y eficiencia, es decir, que ha de ser sostenible.
Los derechos no pueden ser categorizados. Nadie afirma que los españoles tenemos derecho a una sanidad o educación públicas de nivel medio, o a una vivienda que pueda incumplir determinadas normativas, sino que se exige, por pura lógica ética, sanidad y educación de calidad y viviendas dignas. Y así debe ser, porque los derechos no podrán ser considerados como tales si son sometidos a restricciones desde su misma definición. Así pues, deberá exigirse que los profesionales de estos sectores –médicos y personal sanitario, profesores, arquitectos, etc.–, posean una capacitación al más alto nivel para garantizar los derechos de las personas. No solo eso, sino que es esencial que los hospitales, colegios y viviendas cumplan con determinados estándares de diseño, funcionalidad, seguridad, etc., sin los cuales sería imposible atender los derechos de los ciudadanos.
Retomando las palabras del Ministro, los ciudadanos tenemos derecho a un transporte seguro y eficiente, para lo cual resulta imprescindible contar con profesionales altamente capacitados, pero también con infraestructuras que cumplan unos estándares óptimos de diseño y equipamiento, lo que resulta imposible sin una dotación presupuestaria o sistema de financiación que garantice su mantenimiento.
El transporte de viajeros y mercancías por carretera genera en España un volumen de negocio de 41.438 millones de euros(a), lo que supone miles de puestos de trabajo e ingentes ingresos económicos para las Administraciones Públicas.
Además, la carretera transporta en España el 91,6% del total de viajeros y el 89,3% de las mercancías, en lo que se refiere al transporte terrestre. Y el uso implica desgaste. No puede obviarse este hecho.
El Estado y las Administraciones Autonómicas y Provinciales deben garantizar –en sus correspondientes ámbitos de competencia- una adecuada conservación de las infraestructuras de transporte, algo que durante los últimos diez años se ha incumplido, tal como evidencia el último Informe sobre las Necesidades de Inversión en Conservación de las Carreteras Españolas(b), que arroja un déficit en mantenimiento superior a los 7.000 millones de euros para las redes del estado y autonómicas, lo que imposibilita que el derecho de movilidad cumpla con criterios de seguridad y eficiencia.
Muchos son los desafíos a los que se enfrentará el transporte por carretera durante los próximos años. Uno de ellos consiste en aumentar la conectividad y optimizar las capacidades de los vehículos autónomos en el corto y medio plazo, algo que resultará harto complicado con los actuales niveles de inversión en innovación tecnológica y mantenimiento viario. El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales de 2016 apostaba por “Iniciar un proceso de implementación de sistemas ”SMART ROAD” (Carretera inteligente) que aumente el nivel tecnológico de nuestra red viaria y la permita ser referente a nivel internacional en dicho ámbito”. Ojalá consigamos convertirnos en esta referencia internacional, aunque no será posible sin tener claros los requisitos que transforman un servicio, en este caso el transporte por carretera, en un derecho, con todas las consecuencias.
Ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos.
(a) Statistical Pocketbook 2017. European Commision.
(b) Asociación Española de la Carretera 2017-2018.
Last September 6 the Minister of Public Works, José Luis Ábalos, declared that “The right to mobility must be considered a basic right in a modern country like ours. Hence the right to have a safe, efficient and sustainable transportation”.
Indeed, the Spanish Constitution includes in its Article 19 the right to circulate throughout the national territory. However, no adjective qualifies how that mobility should be. The Minister does, affirming that they must comply the safety and efficiency standards, that is, it must be sustainable.
Rights cannot be categorized. No one claims that we have the right to mid-level public health or education or a home that may breach certain regulations, but is required, by pure ethical logic, health and quality education and decent housing. And so it should be, because rights may not be considered as such if they are submitted to restrictions from their very definition. Thus, it should be required that professionals in these sectors -doctors and medical personnel, teachers, architects, etc. -, are trained to the highest level to guarantee people´s rights. Not only that, but it is essential that hospitals, schools and homes meet certain standards of design, functionality, security, etc., without which it would be impossible to meet the rights of the citizens.
Taking up the Minister's words, citizens have right to safe and efficient transportation, for which it is essential to have highly trained professionals, but also with infrastructures that meet optimal design standards and equipment, which is impossible without a budget allocation or financing system that guarantees its maintenance.
The transport of passengers and goods by road generates in Spain a turnover of 41,438 million euros, which supposes thousands of jobs and enormous economic income for the Public Administrations.
In addition, the road transports in Spain 91.6% of the total passengers and 89.3% of the goods, in what refers to the transport land. And the use implies deterioration. This fact cannot be ignored.
The State and the Autonomous and Provincial Administrations must guarantee -in their corresponding areas of competence- an adequate maintenance of transport infrastructure, something that for the last ten years has been breached, such as evidenced by the latest Report on Investment Needs in Conservation of Spanish Roads, which shows a deficit in maintenance of more than 7,000 million euros for State and regional networks, which makes impossible that the right to mobility meets the safety and efficiency criteria.
There are many challenges that transportation will face in the years to come. One of them consists in increasing connectivity and optimizing the capabilities of autonomous vehicles in the short and medium term, something that will be very complicated with current levels of investment in technology innovation and road maintenance. The electoral program of the Socialist Party for the 2016 General Election was betting on "Start a process of implementation system “SMART ROAD " that increases the technological level of our road network and allow it to be an international reference in such area". Hopefully we can become this international reference, although it will not be possible without having clear the requirements that transform a service, in this case road transport, into a right, with all the consequences.
The time has come to move from words to deeds.
(a) Statistical Pocketbook 2017. European Commision.
(b) Asociación Española de la Carretera 2017-2018.