Nuevas reglas para nuevos tiempos
New rules for new times
Son muchos los cambios que en poco tiempo han llegado para quedarse, por eso la reglas que nos sirvieron para construir nuestro país no parece que en el momento actual sean las que necesitamos para afrontar un desarrollo económico basado, sobre todo, en servicios y tecnología. Aunque tenemos cierta tendencia a mantener y defender los funcionamientos que nos fueron bien a cada uno, convencidos de que siguen siendo válidos, lo cierto es que estamos ya inmersos en un nuevo tiempo que necesita nuevas reglas. Si las definimos correctamente y logramos que funcionen bien, es seguro que nos irá mejor a todos.
Publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo de 2014 las tres nuevas Directivas(*) del Parlamento y del Consejo sobre contratación pública y patente su objetivo de transparencia en el proceso, los legisladores de los países de la Unión que llevan a cabo la transposición concreta tienen entre manos la magnífica oportunidad de reglamentar una nueva etapa marcada por la tecnología, los objetivos sociales y ambientales, la racionalidad económica y la conciencia ciudadana.
Las Directivas fijan las bases para conseguir contratos de mayor calidad en los que el precio no sea el principal criterio. También, para reducir la enorme carga burocrática y para potenciar la contratación electrónica.
Incluyen la interesante y complicada fórmula de asociación para la innovación, que supone cerrar el ciclo de apoyo a la innovación y el desarrollo. Una clara apuesta para nuevos productos y servicios que son desarrollados en numerosas ocasiones con ayudas públicas y que acaban sin ser apreciados por la propia administración al no disponer de herramientas para su contratación y valoración.
La colaboración entre poderes adjudicadores permitirá definir contratos que deriven en servicios completos, puesto que estamos ante una fórmula que simplifica trámites y permite utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles cuando la responsabilidad de determinadas áreas depende de diferentes estructuras administrativas.
La atención especial a los derechos y deberes de los subcontratistas y a ofrecer facilidades de acceso a la contratación para las PyMES facilitará sin duda el buen funcionamiento del gran motor de la economía de nuestro país.
Por último, los contratos de concesión, los cuales mueven grandes cantidades económicas y tienen por objeto servicios esenciales para los ciudadanos, disponen de una directiva específica. Esto denota la comprensión de su importancia para el progreso en los próximos años. Resolver el asunto del riesgo operacional es el gran reto. Por suerte, hay numerosos ejemplos de buen funcionamiento de contratos públicos concesionados, por lo que quizás no se trate tanto de acertar el nivel de riesgo que se traslada mediante el contrato, sino de elegirlo y controlarlo, y sobre todo, de olvidar formulismos sin mayores análisis económicos.
En suma, nos enfrentamos a una ardua labor de culminación de la transposición a la legislación española de la correspondiente normativa europea –que habrá de producirse antes del 24 de abril de 2016-, pero se trata de una gran oportunidad para renovar las reglas. Es necesario escuchar a todos los actores y no olvidar que los ciudadanos ya han manifestado de forma clara su interés y preocupación por el buen uso y gestión de los fondos públicos.
(*) El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 28 de marzo de 2014 publicó las tres nuevas Directivas del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública, que se erigen ya en la nueva generación de Derecho Comunitario sobre la materia: la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
There have been many changes in a short period of time that have come to stay; that's why the rules that helped us to build our country doesn't seem what we need, at the moment, to face an economic development based, above all, on services and technology. Although we have a tendency to maintain and defend what went well for each of us, convinced that they are still valid, the truth is that we are already immersed in a new time that needs new rules. If we define them correctly and we make them work, it is sure that we will do better.
Once it has been published in the Official Journal of the European Union on 28 March 2014 the three new Directives(*) of the Parliament and the Council on public procurement, and clarified its aim of transparency in the process, the legislators of the Union countries have in their hands the magnificent opportunity to regulate a new stage marked by technology, social and environmental objectives, economic rationality and citizen awareness.
The Directives set the bases for obtaining higher quality contracts in which price is not the main criterion, and also, to reduce the enormous bureaucratic burden and to enhance electronic contracting.
They include the interesting and complicated association formula for innovation, which means closing the cycle of support for innovation and developing. This is a clear commitment to new products and services that are developed frequently with public support and that end up not being appreciated by the administration itself, as they don’t have the tools for their contracting and assessment.
The collaboration between contracting powers will allow defining contracts that derive in complete services, since this formula simplifies the procedures and allows a more efficient use of the available resources, when responsibility of certain areas depends on different administrative structures.
Special attention to the rights and duties of subcontractors and to offer access to contracting facilities for SMEs will undoubtedly facilitate the proper functioning of the great engine of the economy of our country.
Finally, concession contracts, which move large economic amounts and are aimed at essential services for citizens have a specific directive. This denotes understanding its importance for progress in the coming years. Solving the issue of operational risk is the great challenge. Luckily, there are numerous examples of well-functioning public concession contracts, so it may not be as much to determine the level of risk that is transferred through the contract, but to choose and control it, and above all, to forget formulism without further economic analysis.
In short, we are facing an arduous task of completing the transposition into Spanish law of the corresponding European regulations - which must take place before 24 April 2016-, but it is a great opportunity to renew the rules. It is necessary to listen to all the stakeholders and do not forget that citizens have already expressed their interest and concern for the proper use and management of the public funds.
(*) The Official Journal of the European Union published, on 28th March 2014, the three new Directives from the European Parliament and the Council, of 26th February, regarding public procurement, which are part of the new generation of European laws on this field: Directive 2014/23/UE on the award of concession contracts; Directive 2014/24/UE, on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, and Directive 2014/25/UE, on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC.