25 de junio de 2026
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha presentado sus aportaciones al proceso de consulta pública del Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC), impulsado por el Gobierno de España con el objetivo de avanzar hacia una transición energética más justa, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y protegiendo a los colectivos más vulnerables.
Las propuestas de la AEC se orientan a reforzar el papel de las infraestructuras viarias para alcanzar una movilidad más sostenible y eficiente. En concreto, y relación con la medida sobre Movilidad Rural (transporte a la demanda y movilidad compartida), la Asociación ha planteado la necesidad de “apoyar y favorecer la mejora del estado de conservación de las carreteras locales”, recordando que circular por una vía en buen estado permite reducir el consumo de combustible de los vehículos —y, por tanto, las emisiones asociadas— hasta en un 12%, según estudios recientes realizados por la propia entidad y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Asimismo, la Asociación Española de la Carretera ha propuesto incorporar a las medidas de descarbonización del transporte criterios específicos para la descarbonización de las infraestructuras, poniendo de manifiesto que la transición hacia una movilidad más limpia implica no solo a los vehículos, sino también a la red viaria por la que circulan.
El Plan Social para el Clima, financiado a través del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, contempla actuaciones dirigidas a facilitar la transición hacia un modelo energético más sostenible en dos ámbitos clave: la edificación y el transporte. Entre las medidas previstas, destacan el impulso a la movilidad sostenible, el apoyo a microempresas del sector del transporte, la rehabilitación energética de viviendas y la electrificación de la climatización, con especial atención a los hogares en situación de vulnerabilidad.
La consulta pública supone una nueva etapa en el proceso de elaboración del Plan y tiene como finalidad recabar alegaciones y propuestas por parte de administraciones públicas, organizaciones, entidades del tercer sector y ciudadanía antes de la aprobación definitiva del documento y su posterior remisión a la Comisión Europea.
Este proceso participativo da continuidad a los trabajos desarrollados durante los últimos meses, que han incluido una consulta pública previa —en la que se recibieron más de un millar de aportaciones—, la celebración de un taller con representantes de los sectores de la vivienda y el transporte y un canal específico de interlocución con las comunidades autónomas para incorporar aportaciones técnicas y estratégicas.
