3 de noviembre de 2026
La Asociación Española de la Carretera (AEC), junto con otras seis organizaciones, ha suscrito un documento de propuestas que ya ha sido distribuido entre los principales partidos políticos.
A pocos días del comienzo de la campaña electoral previa a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, siete entidades vinculadas a la seguridad vial han unido sus voces para reclamar a los partidos políticos un compromiso firme y sostenido con la reducción de los siniestros de tráfico y sus consecuencias. Con el título «Por una movilidad más segura en España. Diez propuestas para incorporar a los programas electorales», las organizaciones firmantes han elaborado un documento conjunto, distribuido durante los últimos días entre las principales formaciones políticas, con el propósito de situar la seguridad vial entre las prioridades de la próxima legislatura.
La iniciativa está respaldada por la Asociación Española de la Carretera (AEC), AESLEME, FESVIAL, Fundación MAPFRE, PAT, STOP Accidentes y el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València.
El documento parte de una consideración compartida: aunque España ha registrado avances en seguridad vial, la persistencia de fallecidos y heridos graves exige mantener y ampliar los esfuerzos preventivos. Las entidades defienden una respuesta basada en los principios de Sistema Seguro y Visión Cero, que permita proteger a las personas incluso cuando cometen errores. Para ello, plantean diez líneas de actuación que abarcan desde la mejora de las infraestructuras hasta la atención sanitaria, la justicia, la investigación y la educación vial.
Un Pacto de Estado y más inversión en carreteras seguras
La primera de las propuestas reclama la aprobación de un Pacto de Estado por la Seguridad Vial que asegure la continuidad de las políticas públicas con independencia de los cambios de Gobierno. Este acuerdo debería incorporar objetivos medibles, una coordinación efectiva entre administraciones y recursos económicos y humanos suficientes, con dotaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado.
En materia de infraestructuras, las organizaciones solicitan una financiación estable para la conservación y el mantenimiento de las carreteras, así como la extensión de las auditorías, inspecciones y evaluaciones preventivas de seguridad vial al conjunto de las redes, incluidas las de titularidad autonómica, provincial y local.
El documento presta especial atención a las carreteras convencionales, para las que propone actuaciones sobre intersecciones, trazados, señalización y márgenes, además de soluciones 2+1 cuando resulten adecuadas. También apuesta por extender el concepto de «carreteras que perdonan», mediante sistemas de contención, eliminación o protección de obstáculos, y medidas específicas para motociclistas y otros usuarios vulnerables.
Las entidades firmantes reclaman, asimismo, incorporar progresivamente criterios de resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos y tecnologías de información al usuario, sin que estas inversiones desplacen las necesidades de conservación básica.
Otro de los ejes del documento es la mejora de la atención a las víctimas de siniestros viales y a sus familiares. Las organizaciones proponen reforzar el servicio telefónico 018, garantizar un acompañamiento psicológico, social y jurídico continuado y avanzar hacia una mayor especialización judicial en los procedimientos relacionados con la siniestralidad vial.
Entre las medidas legislativas figura la reducción del límite general de alcoholemia de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre, así como una actuación más intensa frente a la conducción bajo los efectos de otras drogas. También se plantea estudiar posibles reformas penales relacionadas con el homicidio vial y el decomiso de vehículos en supuestos graves o de reincidencia, respetando las garantías jurídicas.
En el ámbito sanitario, las propuestas incluyen protocolos comunes de respuesta tras los siniestros, una mayor presencia de profesionales de psicología especializados en urgencias y emergencias y mejores mecanismos de seguimiento y rehabilitación de las personas afectadas.
Vehículos más seguros, investigación y formación
El documento dedica también una atención específica a la seguridad de los vehículos. Las entidades plantean facilitar la renovación del parque automovilístico mediante incentivos socialmente accesibles y mejorar la formación sobre los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conocidos como ADAS y ARAS.
Asimismo, consideran necesario evaluar los efectos reales de la conectividad, la inteligencia artificial y la conducción automatizada sobre el comportamiento de los usuarios y la siniestralidad.
En materia de investigación, solicitan profundizar en el estudio de los siniestros mortales y graves, especialmente las salidas de vía, y mejorar el intercambio y la utilización segura de datos relacionados con el tráfico, las infraestructuras y la salud.
La seguridad vial laboral constituye otra de las prioridades. Las organizaciones proponen integrar el riesgo vial en la prevención de riesgos laborales y en los planes de movilidad de empresas y polígonos industriales, con especial atención a los desplazamientos profesionales, los trayectos de ida y vuelta al trabajo y las nuevas modalidades de reparto urbano.
En el terreno educativo, defienden incorporar competencias de educación vial en los grados de Magisterio, reforzar la formación de conductores, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal y revisar la eficacia de los cursos de recuperación de puntos.
Acceso al documento "Por una movilidad más segura en España. Diez propuestas para incorporar a los programas electorales".
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