23 de octubre de 2026
El informe de octubre de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) arroja datos muy preocupantes sobre la escalada de los precios de la energía y los materiales de construcción generada por el conflicto con Irán.
La incertidumbre geopolítica y las dificultades para el tránsito de materias primas por el estrecho de Ormuz están elevando de forma significativa los costes de ejecución de las obras públicas.
Según los datos de ANCI sobre el impacto de esta crisis en la construcción, los costes de las obras de carreteras han aumentado una media del 11% entre enero y agosto, un porcentaje que alcanza el 20% en los trabajos de renovación y rehabilitación de firmes.
El impacto es especialmente acusado en los materiales bituminosos y la energía, cuyos índices de precios se han incrementado un 33% y un 34% respectivamente en los ocho primeros meses del año.
Riesgo para la viabilidad de los contratos
El encarecimiento sobrevenido de los costes está comprometiendo la viabilidad económica de las obras adjudicadas con anterioridad a la crisis y cuyos precios no contemplaban esta evolución. La situación presenta similitudes con la vivida en 2021-2022, cuando fue necesario habilitar mecanismos excepcionales de revisión de precios para hacer frente a las tensiones inflacionistas.
El problema resulta especialmente relevante en determinados contratos de larga duración adjudicados antes de 2021. En estas obras, los nuevos incrementos se suman a los sobrecostes acumulados desde entonces, que se sitúan entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación. Sin embargo, la compensación máxima prevista por el mecanismo excepcional de revisión de precios del Real Decreto-ley 3/2022 está limitada al 20%.
A este escenario se añade el posible aumento de los costes laborales como consecuencia del repunte de la inflación, que se situó en el 4,9% en septiembre, según el informe.
Ante esta situación, el documento plantea la necesidad de adoptar medidas urgentes y excepcionales que permitan garantizar la viabilidad de los contratos públicos en ejecución. La propuesta apunta a recuperar un enfoque similar al aplicado durante la crisis de 2022 mediante mecanismos de revisión de precios que respondan al carácter imprevisible de los incrementos y eviten que el encarecimiento de la energía y los materiales comprometa el desarrollo de las obras.
