Editorial Carreteras Nº 241 • Año 2023

La soga verde

The green noose

uando Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea, hizo la promesa de lograr que la economía del Viejo Continente se descarbonizara en poco más de una década, un compromiso al que dio carta de naturaleza a través del llamado “Pacto Verde”.

Tal y como rezaba un comunicado de prensa hecho público por la Comisión el 14 de julio de 2021, el “Pacto Verde” es un conjunto de propuestas “para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transportes y fiscalidad, a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% hasta 2030”.

A este programa se le llamó Fit to 55.

En los dos años transcurridos desde entonces, la política europea ha estado volcada en la consecución de este objetivo, impulsando distintos paquetes de leyes climáticas que no han dado los frutos esperados.

Ahora, a pocos meses de las elecciones, en Bruselas empieza a notarse un cierto cansancio y se oyen ya algunas voces que reclaman levantar el pie del acelerador de la agenda verde, algunas con tanto peso como la de Emmanuel Macron, Presidente francés, exigiendo una “pausa regulatoria europea” ante las dificultades de los países miembros para absorber con celeridad propuestas que requieren de consensos internos de difícil negociación, a los que es imposible llegar a golpe de directiva.

Lobbies como el que ejerce en los Países Bajos el sector agrario -frente a propuestas europeas dirigidas a frenar el uso de pesticidas- o la industria de automoción en Alemania -que ha “obligado” al gobierno germano a desdecirse del acuerdo comunitario para la prohibición de la venta de automóviles de combustión a partir de 2035- han hecho saltar las alarmas respecto a la premura con que desde Europa se pretende generalizar cierto tipo de medidas medioambientales sin analizar con el detenimiento necesario las implicaciones políticas y, sobre todo, económicas que puede tener la precipitación en el proceso de descarbonización.

Desde estas mismas páginas de la Revista Carreteras, ya advertimos hace dos años sobre lo poco creíble que resultaba el programa Fit to 55 desde el punto de vista de lo desproporcionado que resultaba el paquete de medidas y de la ingente cantidad de recursos -incluido un nuevo Fondo Social para el Clima- que, supuestamente, garantizarían su ejecutabilidad.

Y ya por entonces nos preguntábamos quién y cómo se iba a pagar “esa fiesta”. Un guateque en el que Europa, además, está sola, porque ningún otro actor relevante en ninguna región del mundo está haciendo los deberes por el momento.

Por todo ello, ha empezado a instaurarse en Bruselas el temor a ir demasiado rápido con medidas excesivamente duras, lo que podría asfixiar a la industria europea, generando efectos más que indeseados en las economías de los estados miembros.

“Si gana el clima y pierde el resto de la sociedad, no llegaremos al objetivo de no emisiones”, ha terminado reconociendo Ursula von der Leyen.

No se trata de retroceder, porque no hay vuelta atrás en el camino hacia la descarbonización. Pero sí de establecer nuevos tiempos para que la hoja de ruta de la agenda verde no termine convirtiéndose en una soga que ahogue la economía.



When Ursula von der Leyen took over the presidency of the European Commission, she made the promise to decarbonize the economy of the Old Continent in just over a decade, a commitment she formalized through the so-called "Green Deal".

As stated in a press release issued by the Commission on July 14, 2021, the "Green Deal" is a set of proposals "to adapt EU policies on climate, energy, land use, transport, and taxation, in order to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030".

This program was called Fit for 55. In the two years since then, European policy has been focused on achieving this goal, driving various packages of climate laws that have not yielded the expected results.

Now, just a few months before the elections, a certain weariness is beginning to be felt in Brussels, and some voices are already calling for a slowdown in the green agenda. Some, with as much weight as Emmanuel Macron, the French President, are demanding a "European regulatory pause" in the face of the difficulties member countries face in swiftly absorbing proposals that require internal consensus, which cannot be achieved solely through directives.

Lobbies such as the agricultural sector in the Netherlands - opposing European proposals aimed at curbing pesticide use - or the automotive industry in Germany - which "forced" the German government to backtrack on the EU agreement to ban the sale of combustion engine vehicles from 2035 - have raised alarms regarding the urgency with which Europe seeks to generalize certain environmental measures without carefully analyzing the political and, above all, economic implications of rushing the decarbonization process.

From these same pages of Carreteras Magazine, we warned two years ago about how unbelievable the Fit for 55 program was from the perspective of the disproportionate package of measures and the vast amount of resources - including a new Climate Social Fund - that supposedly would guarantee its feasibility.

And even then, we wondered who and how "this party" would be paid for. A party in which Europe, moreover, stands alone, because no other relevant actor in any region of the world is doing their homework at the moment.

For all these reasons, there is now a growing fear in Brussels of moving too quickly with excessively harsh measures, which could suffocate the European industry, generating more than unwanted effects on the economies of the member states.

"If climate wins and the rest of society loses, we will not achieve the emissions-free goal," Ursula von der Leyen has finally acknowledged. It is not about stepping back, as there is no turning back on the path to decarbonization. But it is about setting new timelines so that the roadmap of the green agenda does not end up becoming a noose that strangles the economy.