Editorial Digital 2023

 

Vistiendo santos

 

Rob Peter to pay Paul

Recientemente, saltaba la noticia de que el Gobierno francés está valorando, para sus presupuestos del año próximo, establecer recargos medioambientales a la aviación y a las autopistas para financiar el ferrocarril. Las reseñas apuntan a un impuesto a los beneficios de las empresas concesionarias que, como es lógico, se oponen a esta propuesta.

Las primeras reacciones de estas compañías no se han hecho esperar: pedirán una compensación. Y se vislumbra la más que probable perspectiva de que dicha compensación la acabe asumiendo, total o parcialmente, el usuario final.

Resulta, cuando menos, preocupante que, una vez más, se ponga sobre la mesa la idea de incrementar la imposición sobre el modo de transporte por carretera y quienes lo utilizan, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos, para sufragar otro tipo de inversiones. Y precisamente porque los ciudadanos eligen con plena libertad la carretera para sus desplazamientos, quizá habría que empezar a pensar en que el modo ferroviario, ya híper-protegido, no es ni será, al menos en las próximas décadas, una opción de movilidad mayoritaria, ni para personas ni para mercancías, por mucho que los responsables políticos se empeñen en ello. Ahora también, tratando de allegar recursos con este propósito vía penalización de la infraestructura viaria.

En suma, propuestas de este calibre solo pueden traducirse en mayores costes por un servicio que, de hecho, no recibe la inversión que necesita para su adecuado mantenimiento, lo que inevitablemente se traduciría en un flagrante empeoramiento de su calidad, afectando a la seguridad, la sostenibilidad, la competitividad, etc.

Desde España, la noticia nos pone sobre aviso, más aún después de conocer el contenido del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que el Consejo de Ministros acaba de para su remisión a las Cortes Generales, que tramitarán la norma por la vía de urgencia para su entrada en vigor este año, uno de los compromisos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adquirido con la Comisión Europea en la negociación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El texto ratificado el 13 de febrero es el mismo que fue validado en diciembre de 2022, pero con dos salvedades: cierra la puerta al establecimiento de sistemas de pago por uso en la red de autovías y “abre la ventana” a la implantación de peajes en el centro de las ciudades o en zonas de bajas emisiones, siguiendo el modelo de grandes metrópolis europeas como Londres.

Peajes no finalistas que podrían castigar, una vez más, al modo de transporte por carretera sin que ello revierta, como sería deseable y más que razonable, en la mejora de las vías y en su imprescindible adaptación a un modelo de movilidad verde y conectado, además de seguro.

Porque parece que se puede pasar por encima del modelo de “caja única” siempre que los beneficiarios de lo recaudado sean otros modos más “tendencia”, ignorando con ello la creciente necesidad de inversión del que, hoy por hoy, en España, siguen eligiendo el 92% de los viajeros y el 84% de las mercancías en el tráfico interior(1).

Un trasvase modal sensato es un objetivo beneficioso para todos, en toda la Unión Europea, y no solo desde la perspectiva ambiental, pero ¡cuidado!, a ver si vamos a desvestir a un santo para vestir a otro.

(1) Los transportes y las infraestructuras. Informe anual 2020. MITMA.

 

Recently, the French government announced that is considering, for next year's budgets, implementing environmental surcharges on aviation and highways to finance the railway. Reports suggest a tax on the profits of concessionaire companies, which, understandably, oppose this proposal.

The initial reactions from these companies have not been delayed: they will demand for a compensation. And it is likely that such compensation will ultimately be borne, in whole or in part, by the end-user.

It is worrying that, once again, the idea of increasing taxation on road transportation and its users, who are most citizens, is being put on the table to finance other investments. And precisely because citizens freely choose the road for their trips, perhaps it is time to consider that the railway, already hyper-protected, is neither nor will it be, at least in the coming decades, a majority option for mobility; neither for passengers nor for goods, no matter how much politicians insist on it. Now also, trying to gather resources for this purpose by penalizing road infrastructure.

In summary, proposals of this magnitude can only result in higher costs for a service that, in fact, does not receive the necessary investment for its adequate maintenance, which would inevitably lead to a flagrant deterioration in its quality, affecting safety, sustainability, competitiveness, etc.

From Spain, the news alerts us, even more after learning about the content of the Sustainable Mobility Law project that the Council of Ministers has just submitted upwards for urgent processing to come into force this year, one of the commitments that Pedro Sánchez's government has made to the European Commission in the negotiation of the Amendment to the Recovery, Transformation, and Resilience Plan.

The text ratified on February 13 is the same as that validated in December 2022, but with two exceptions: it closes the door to the establishment of pay-per-use systems on the motorway network and "opens the window" to the implementation of tolls in city centers or low-emission zones, following the model of major European cities like London.

Non-finalist tolls that could penalize, once again, road transportation without this resulting, as would be desirable and more than reasonable, in the improvement of roads and their essential adaptation to a green and connected mobility model, as well as safe.

Because it seems that the "single box" model can be bypassed if the beneficiaries of the revenue are other, more "trendy" modes, ignoring the growing need for investment in what, today, in Spain, is still chosen by 92% of passengers and 84% of goods in internal traffic(1).

A reasonable modal shift is a beneficial objective for all, throughout the European Union, and not only from an environmental perspective, but caution! Let's not rob Peter to pay Paul.


(1) Transport and Infrastructure. Annual Report 2020. MITMA