Ya en el año 2021, desde estas mismas páginas, la Revista Carreteras se hacía eco de la necesidad de incorporar la carretera de manera prioritaria, como infraestructura base de la movilidad, a la evolución digital y ecológica que promueven los principios de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos Next Generation EU. “Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas” es el nombre de una propuesta de PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que, en las sucesivas manifestaciones de interés, se hizo llegar al Gobierno de España desde la Asociación Española de la Carretera.
Dos años después, y con los plazos para la utilización del mayor paquete de recursos europeos de la historia más que avanzados, la situación solo puede tacharse de oportunidad perdida para la carretera. Si bien se han puesto en marcha iniciativas interesantes, como la adecuación de los túneles a la Directiva Europea de Seguridad, la humanización de las travesías, el arranque de los procesos de digitalización en la red principal o las mejoras de sostenibilidad en los métodos productivos, entre otras, lo cierto es que se ha dejado pasar una excelente ocasión para pisar el acelerador de la verdadera transformación digital y ecológica de la carretera en su conjunto, más allá de la titularidad de las distintas redes.
No queremos obviar las iniciativas del máximo interés que han alcanzado a la red de carreteras del Estado y que son, sin duda, fundamentales para la mejora de la competitividad del país y para una movilidad segura, sostenible y conectada, por citar algunas de sus múltiples ventajas. Y también queremos reconocer el esfuerzo que se ha hecho para mejorar la movilidad en los entornos urbanos: fomento de la movilidad ciclista y peatonal, flotas de transporte, zonas de bajas emisiones, etc. Pero ¿qué ocurre con todo el entramado viario que se encuentra entre estos dos universos? Los recursos, las mejoras y las reformas no han llegado con la misma intensidad –tan siquiera, parecida– a las redes autonómicas, cuya participación en la financiación europea ha sido casi testimonial. Mención aparte merecen las diputaciones forales, diputaciones provinciales, cabildos y consells, que han quedado, salvo contadísimas excepciones, completamente fuera de cualquier posibilidad de conseguir recursos para comenzar o continuar con la transformación digital y ecológica de sus redes viarias.
Era el momento justo para allegar el cambio del modo viario en su conjunto, para dar pasos contundentes hacia una movilidad más segura y sostenible, adecuada a las necesidades de los ciudadanos de hoy y acorde con los compromisos climáticos, ambientales, sociales, etc. de nuestro país. Al final del proceso habremos mejorado, sí, pero con una transformación a dos velocidades en la que, inevitablemente, una parte muy importante de la red se ha quedado atrás.
Nos consta que las administraciones autonómicas, forales y provinciales están en una situación óptima para absorber recursos en proyectos maduros que ayudarían a la mencionada transformación viaria. En este sentido, cabe recordar que el informe recientemente presentado por el Observatorio de la Inversión en Obra Pública del Colegio de Ingenieros de Caminos(a) pone de manifiesto un preocupante dato: 15 comunidades autónomas muestran un grado de ejecución presupuestaria inferior al 10% respecto a las convocatorias de los Fondos Europeos Next Generation EU. Si todavía estamos a tiempo, ¡contemos con la carretera! Los sectores público y privado españoles tienen una amplia experiencia en la ejecución de proyectos en un corto espacio de tiempo y, sin ninguna duda, podrán revertir esa situación y convertir esta financiación en mejoras para la sociedad.
Y comenzar a hablar, de manera más clara, de recursos que se materializan llegando a las empresas y a los ciudadanos, generando empleo y contribuyendo al progreso, dejando atrás el difuso concepto de “recursos movilizados” en el que llevamos navegando una temporada que se nos antoja demasiado larga.
Oportunidad perdida; reflexionemos y aprendamos de los errores.
Back in 2021, on these pages, Carreteras highlighted the need to prioritize the integration of roads, as a key infrastructure for mobility, in the digital and ecological evolution promoted by the principles of recovery, transformation, and resilience under the Next Generation EU funds. 'Safe, Green, and Connected Roads' is the name of a proposal of PERTE (Strategic Projects for Economic Recovery and Transformation) that was subsequently expressed to the Spanish government by the Spanish Road Association.
Two years later, with the deadlines for utilizing the largest package of European resources in history well underway, the situation can only be labeled as a missed opportunity for the road sector. While some interesting initiatives have been launched, such as adapting tunnels to the European Safety Directive, improving pedestrian crossings, initiating digitalization processes in the main road network, and enhancing sustainability in production methods, among others, a significant opportunity to accelerate the true digital and ecological transformation of the road sector as a whole has been missed, going beyond the ownership of different networks.
We do not want to overlook the highly relevant initiatives that have targeted the national road network, which are undoubtedly crucial for improving the country's competitiveness and ensuring safe, sustainable, and connected mobility, to name just a few of their many advantages. We also recognize the efforts made to improve mobility in urban areas, including promoting cycling and pedestrian mobility, adopting low-emission zones, and optimizing transportation fleets. However, what about the vast road infrastructure that lies between these two universes? Resources, improvements, and reforms have not reached the regional networks with the same intensity, or even a similar one. Their participation in European funding has been almost negligible.
The situation is even more challenging for local governments, as they have been largely excluded from obtaining resources to initiate or continue the digital and ecological transformation of their road networks, with very few exceptions.
This was the perfect moment to embrace a comprehensive transformation of the entire road sector, taking significant steps toward safer and more sustainable mobility that meets the needs of today's citizens and aligns with our country's climate, environmental, and social commitments. By the end of the process, improvements will undoubtedly be made, but it will be a transformation at two speeds, where a significant part of the road network has inevitably been left behind.
We know that regional and local administrations are in an optimal position to absorb resources for mature projects that would contribute to the mentioned road transformation. In this regard, it is worth mentioning the recently published report by the Observatory of Investment in Public Works of the College of Civil Engineers(a), which reveals a concerning fact: 15 regional governments show an execution rate of less than 10% regarding the calls for Next Generation EU European Funds. If we still have time, let's count on roads! The Spanish public and private sectors have extensive experience in implementing projects within a short timeframe, and without a doubt, they can reverse this situation and turn this funding into improvements for society.
Let's start talking more clearly about materialize resources, reaching companies and citizens, generating employment, and contributing to progress, leaving behind the vague concept of 'mobilized resources' that we have been navigating through for far too long.
It's a missed opportunity; let's reflect and learn from our mistakes.