La innovación como política de estado
Innovation as Government policy
Aquellos países que apuestan decididamente por la innovación, reconociendo, así, la capacidad de sus instituciones y empresas para revitalizar y modernizar la economía, han de dar pasos efectivos en la búsqueda de alianzas creíbles y serias entre los actores principales, tanto públicos como privados.
Cuando un conjunto de empresas, asociaciones, centros tecnológicos y universidades se reúnen para elaborar la propuesta de un proyecto de innovación, empleando para ello cuantiosos recursos, comienza un proceso de concurrencia competitiva que, en el mejor de los casos, termina con la adjudicación de la financiación para llevar a cabo el proyecto.
En ese momento, toda la maquinaria de la innovación se pone en marcha para hacer realidad la idea que, unos meses atrás, se plasmaba sobre el papel con la esperanza puesta en su materialización final. En la mayor parte de los casos, los proyectos se desarrollan de acuerdo a lo previsto, ocupando la justificación de las ayudas recibidas una parte importante de los trabajos. La verificación del buen fin de los fondos allegados es –y así ha de ser- la última fase del proyecto de innovación, y tanto en su realización como en la posterior supervisión es exigible el máximo rigor.
Ahora bien, si de verdad queremos que el sector empresarial español apueste por la innovación, incorporándola en sus procesos y en su modelo de negocio, y liderando el cambio disruptivo en el que el mundo está inmerso hoy, es imprescindible que la implicación de administraciones, gobiernos y políticas sea total, en igualdad de condiciones con los agentes privados.
Entre los retos a los que se enfrenta la innovación actualmente, destaca la dificultad para conseguir que los productos y servicios que se generan como resultado de los procesos de investigación e innovación se trasladen al mercado. Además, otro de los ámbitos con potencial de mejora es la licitación y contratación, cuyos procesos deberían optimizarse para estimular la innovación. En este sentido, la Compra Pública de Innovación es un ejemplo a seguir.
La Organización Internacional del Trabajo hace referencia a que “las empresas innovadoras son más competitivas y crean más empleos”. Si España apuesta realmente por la innovación, el sector privado tiene que percibir un espíritu colaborativo desde el ámbito público. De lo contrario, no debemos sorprendernos si el interés y el entusiasmo por participar en proyectos innovadores acaba decayendo.
Those countries that are firmly committed to innovation, recognizing the capacity of their institutions and companies to revitalize and modernize the economy, have to take effective steps in the search for credible and serious alliances among the main actors, both public and private.
When a group of companies, associations, technology centers and universities meet to prepare the proposal for an innovation project, using large resources for this, begins a process of competitive concurrence that, in the best of cases, ends up with the award of funding to carry out the project.
At that moment, the entire machinery of innovation is implemented to realize the idea that, a few months ago, was reflected on paper with the hope of its final materialization. In most cases, projects are developed according to plan, with the justification process of the aid received taking an important part of the work.
The verification of the good end of the related funds is –and it must be- the last phase of the innovation project, and both in its realization and in the subsequent supervision, the utmost rigor is required.
If we really want the Spanish business sector to commit with innovation, incorporating it in its processes and in its business model, and leading the disruptive change in which the world is immersed today, it is essential that the involvement of administrations, governments and policies is total, in equal conditions with private agents.
Among the challenges the innovation is facing today, it stands out the difficulty in getting the products and services generated as a result of the research and innovation processes to be transferred to the market. Moreover, another of the areas with potential for improvement are bidding and contracting, processes which should be optimized to stimulate innovation. In this sense, the Public Procurement of Innovation is an example to follow.
The International Labor Organization refers to the fact that "Innovative companies are more competitive and create more jobs”. If Spain really commits with innovation, the private sector has to perceive a collaborative spirit from the public sphere. Otherwise, we should not be surprised if the interest and enthusiasm to participate in innovative projects ends up decaying.