14 de marzo de 2026
Lazcano alertó ante el Consejo Directivo de que el deterioro acumulado de la red viaria compromete la seguridad, la cohesión territorial y la competitividad del país.
La conservación de las carreteras no puede seguir esperando. Ese fue el mensaje central que lanzó el Presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, en la reunión del Consejo Directivo de la entidad, celebrada el 11 de febrero en Madrid, durante una intervención en la que reclamó un cambio de rumbo en la política de infraestructuras y advirtió de las consecuencias de seguir aplazando las inversiones en mantenimiento de la red viaria.
En su Informe de Presidencia, Lazcano vinculó los recientes problemas registrados en distintos modos de transporte y los daños causados por tormentas, borrascas y danas a un mismo problema de fondo: el deterioro progresivo de las infraestructuras como consecuencia de años de conservación insuficiente. Y situó a la carretera en el centro de ese diagnóstico por su condición de soporte esencial de la movilidad cotidiana, de la cohesión territorial y de la respuesta en situaciones de emergencia.
El Presidente de la AEC afirmó que la conservación viaria ha sido “sistemáticamente postergada”, tratada como un gasto prescindible en lugar de como una inversión estratégica. Y lo expresó con especial contundencia al advertir de que no es posible seguir hablando de carreteras “seguras, verdes y conectadas” si no se afronta de manera decidida el problema del mantenimiento, recordando que la última inspección digital realizada por la AEC cifra en 13.400 millones de euros el déficit acumulado de conservación de la red.
“Ha llegado el momento de situar la conservación en el centro de las agendas pública y política”, vino a reclamar Lazcano ante los miembros del Consejo, a quienes pidió extender esta reflexión desde sus respectivas organizaciones y ámbitos de responsabilidad. Porque, sostuvo, lo que está en juego no es solo el estado de las carreteras, sino también la seguridad de los ciudadanos, la eficiencia del sistema de transporte, la imagen del país y la credibilidad de las políticas públicas en materia de infraestructuras.
