9 de sepriembre de 2026
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para revisar en profundidad el marco de contratación pública de la Unión Europea, con el objetivo de simplificar las normas, reducir la carga administrativa y utilizar la contratación pública como una herramienta estratégica para impulsar la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia económica.
La propuesta plantea sustituir las actuales directivas europeas de contratación por un reglamento único de aplicación directa, al tiempo que integra en un mismo marco determinadas disposiciones actualmente dispersas en la legislación sectorial.
Uno de los principales objetivos de la reforma es reducir la complejidad del sistema actual. La Comisión propone simplificar los procedimientos de contratación y reducir su número, pasando de cinco categorías principales a tres.
También apuesta por avanzar hacia un mercado digital europeo de contratación pública, basado en plataformas interoperables. Con ello se pretende facilitar la participación de las empresas en licitaciones de distintos estados miembros y aplicar de forma más efectiva el principio de «solo una vez», evitando que los operadores tengan que aportar reiteradamente la misma documentación.
Según las estimaciones de la Comisión, la simplificación del marco permitiría generar ahorros administrativos de unos 650 millones de euros anuales, de los que aproximadamente 80 millones corresponderían a las administraciones públicas y 570 millones a las empresas.
La propuesta pretende reforzar, asimismo, el carácter estratégico de la contratación pública. Entre las novedades planteadas figura una mayor consideración de criterios relacionados con la calidad, la innovación, la sostenibilidad ambiental, los aspectos sociales, la seguridad y la resiliencia.
En este sentido, los criterios de calidad tendrán un peso mínimo del 30 % en la valoración de las ofertas, porcentaje que se elevaría al 50 % en determinados contratos intensivos en mano de obra.
Para el ámbito de las infraestructuras, este cambio puede resultar especialmente relevante, al reforzar la posibilidad de incorporar a los procesos de contratación criterios que vayan más allá del precio y permitan valorar aspectos como el rendimiento, la durabilidad, la innovación o la resiliencia de las soluciones.
