22 de julio de 2026
La patronal reclama al Gobierno un mecanismo excepcional de revisión de precios ante unos sobrecostes que amenazan el inicio y la continuidad de miles de contratos
El fuerte incremento del precio de la energía, las materias primas y los materiales de construcción está generando un nuevo escenario de incertidumbre para la obra pública española, tal y como vienen advirtiendo distintas asociaciones del sector viario.
Hoy ha sido SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, la que ha dado la voz de alerta. Según la patronal, el conflicto en el estrecho de Ormuz está provocando un grave impacto inflacionista sobre los contratos actualmente en ejecución y sobre aquellos licitados antes de que comenzara la escalada de precios.
De acuerdo con los datos del Instituto Valenciano de la Edificación utilizados por la organización, entre marzo y mayo de 2026 los índices de precios de los materiales bituminosos aumentaron un 42%, mientras que la energía se encareció un 41%. También se registraron subidas del 14% en el aluminio, del 10% en los productos químicos, del 9,3% en los materiales cerámicos, del 6,5% en los siderúrgicos y del 6,1% en el cobre.
Esta evolución afecta especialmente a las 6.425 obras licitadas en España entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, cuyas ofertas fueron presentadas antes del inicio del conflicto. Estos contratos, con un presupuesto conjunto de 6.898 millones de euros, afrontan un incremento de costes no recuperable estimado en 327 millones, equivalente al 4,7 % del presupuesto de licitación.
Las infraestructuras viarias se encuentran entre las tipologías más perjudicadas. Según las estimaciones de SEOPAN, los 749 contratos de carreteras licitados durante ese período, con un importe de 1.387 millones de euros, soportarían un sobrecoste no recuperable de 113 millones, el 8,1% de su presupuesto inicial.
La situación resulta todavía más acusada en las actuaciones de refuerzo de firmes y asfaltado. Los 180 contratos de esta naturaleza analizados por la organización, con un presupuesto de 200 millones de euros, acumularían pérdidas equivalentes al 21,3% del importe licitado. El aumento de precios también afecta a los 39 contratos de emergencia para la reparación de firmes autorizados por el Consejo de Ministros desde abril de 2026, cuyo presupuesto asciende a 266,9 millones de euros.
A estas obras todavía no iniciadas se suman los 33.103 contratos licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, con un presupuesto agregado de 24.519 millones de euros. SEOPAN calcula que su coste de ejecución aumentará de media un 3,5%, lo que representa un sobrecoste de 868 millones.
En el ámbito viario, los 3.617 contratos analizados, por valor de 4.516 millones de euros, registrarían un incremento de costes de 238 millones, equivalente al 5,3% de su presupuesto. Esta subida se situaría por encima del margen de beneficio neto medio del sector constructor, cifrado en un 3,48% para las empresas con una facturación anual superior a 50 millones de euros.
Revisión excepcional de precios
SEOPAN considera que la ausencia de mecanismos de revisión de precios en gran parte de los contratos de las comunidades autónomas y las administraciones locales, junto con los períodos de carencia aplicados en los contratos del Estado, compromete seriamente el inicio y la continuidad de numerosas actuaciones.
Por este motivo, la asociación ha remitido al Gobierno una propuesta para recuperar y adaptar las medidas excepcionales aprobadas en 2022 con el objetivo de paliar los efectos inflacionistas derivados de la pandemia y de la guerra de Ucrania. La petición contempla, entre otras modificaciones, la revisión extraordinaria de los índices correspondientes a la energía y la mano de obra.
La organización sostiene que estas medidas permitirían salvaguardar el interés público y garantizar una ejecución adecuada y eficiente de los contratos. También advierte de que un agravamiento del conflicto incrementaría todavía más la presión sobre la obra pública española, en un momento de elevada actividad licitadora.
En 2025, la licitación pública alcanzó los 33.143 millones de euros, un 40% más que los 23.648 millones registrados en 2021, antes de la aprobación de los mecanismos extraordinarios de revisión de precios aplicados durante la anterior crisis inflacionista.
