11 de mayo de 2026
El pasado mes de marzo, el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobaba una propuesta presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a invertir en el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
El texto oficial expone que esta red “se viene enfrentando en los últimos años a un creciente abandono en la reparación y mantenimiento (…), derivado de unos programas de financiación nulos o insuficientes”, y, todo ello, debido a “una falta de Presupuestos Generales del Estado, que en 2026 cumplen ya su tercera prórroga consecutiva”.
Este tipo de peticiones se ha multiplicado en los últimos meses por toda la geografía española, y no solo en ayuntamientos sino también en los plenos de las diputaciones, en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados.
La más reciente, el pasado 6 de mayo, cuando Vox defendió en la Asamblea Regional de Murcia una iniciativa para exigir la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque para frenar el deterioro de las carreteras en España. La propuesta se aprobó por unanimidad.
Ya el pasado año, este mismo partido impulsó en el Parlamento Andaluz una Proposición no de Ley (PNL) exigiendo una auditoría técnica integral, independiente y pública del estado de toda la Red Autonómica.
La presentación de estas iniciativas -en forma de Proposiciones no de Ley, de mociones o de quejas- se ha repetido en otras instancias, como, por ejemplo, en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María o en el parlamento autonómico de La Rioja, donde el pasado día 27 de febrero se pidió un plan de choque para revertir el déficit inversor y garantizar la conservación viaria. El asunto ha llegado hasta la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, donde se aprobó una PNL sobre la necesidad de reforzar el mantenimiento de la red de carreteras del Estado.
Meses antes, el Partido Popular ya había presentado ante el Congreso de los Diputados otra PNL en la que denunciaba el "lamentable estado" que presentan las carreteras dependientes del Estado, y pedían un compromiso inversor para el "correcto" mantenimiento y conservación de estas vías con el fin de "evitar la siniestralidad" asociada a esa falta de conservación.
Del mismo modo, aunque esta vez ante un gobierno autonómico, el grupo Soria Ya promovió en noviembre de 2025 una Proposición no de Ley que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León. La iniciativa instaba al ejecutivo regional a realizar una auditoría y un plan urgente para renovar la señalización de toda la red de carreteras bajo su competencia.
Y en Lleida, el pleno de la Diputación aprobó en el pasado mes de marzo una moción de Junts-Impulsem que exige al Estado actuar en los 507 kilómetros de vías de su titularidad en la provincia.
Muchas de estas propuestas se han sustentado en los datos arrojados por la última auditoría de la Asociación Española de la Carretera presentada en julio del pasado año.
En su informe Necesidades de Inversión para la Conservación de las Carreteras, en el que se analiza el estado del firme de las redes autonómica y estatal, pone en evidencia que un total de 34.000 kilómetros de vías (el 32%) necesita reconstrucción urgente y que es necesario invertir más de 13.000 millones de euros para corregir el déficit acumulado en el pavimento de estas vías.
