7 de septiembre de 2025
La Fundación Francisco Corell ha presentado recientemente la tercera edición del informe “Balance económico, social, fiscal y medioambiental del transporte en España”, una investigación que actualiza análisis previos de 2008 y 2014 y se propone aportar datos rigurosos para el debate público.
La obra ha sido impulsada por la Fundación Corell en colaboración con la Cátedra “Nos Mueves” —vinculada a la empresa Alsa—, y ha sido elaborada por Transyt, bajo la dirección técnica de expertos en economía del transporte, liderados por el Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid José Manuel Vassallo.
El “Balance económico, social, fiscal y medioambiental del transporte en España” pone de relieve un hecho incontestable: el transporte por carretera continúa siendo el gran sostén fiscal del sistema, pero no recibe un retorno proporcional en materia de inversión. Según los datos recogidos, solo en 2021 este modo de transporte aportó más de 5.400 millones de euros netos al Estado, en buena parte procedentes del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Pese a ello, las infraestructuras viarias no perciben una inversión equivalente a su contribución, lo que genera una situación de desequilibrio con respecto a otros modos, especialmente el ferroviario, que presenta un balance negativo al invertir más de lo que recauda.
El estudio denuncia también la falta de equidad fiscal entre los distintos modos de transporte, una brecha que distorsiona la competencia y que, según sus autores, impide avanzar hacia un sistema verdaderamente sostenible y eficiente. A ello se suman los costes externos —emisiones contaminantes, congestión, ruido o consumo energético— que, aunque se han incorporado a los cálculos mediante nuevas metodologías europeas, siguen sin estar plenamente internalizados por todos los sectores.
Más allá del diagnóstico, el informe lanza un llamamiento claro a la acción. Los expertos proponen avanzar hacia una reforma fiscal que armonice la tributación entre modos, de manera que cada uno asuma su peso real tanto económico como ambiental. Abogan, además, por un sistema de inversión más transparente y equilibrado, donde la recaudación se traduzca en mejoras tangibles de las infraestructuras y los servicios asociados. Y, como punto de partida para el futuro, defienden la creación de un observatorio permanente del transporte y la movilidad, que permita actualizar estos análisis de forma periódica y orientar las políticas públicas con base en datos verificables.
