Nuevo año, mismas prioridades.

El inicio del año viene marcado tradicionalmente por la revisión de las estadísticas en distintos ámbitos y su comparación con similares datos de los ejercicios anteriores.

En el campo de la seguridad vial, somos muchos los que esperamos el balance de la siniestralidad en el año recién acabado, de manera que podamos hacer el seguimiento de uno de los principales problemas sociales -y de salud pública- a los que se enfrenta nuestro país.

El Ministro del Interior y el Director General de Tráfico presentaron el pasado 3 de enero los datos provisionales de 2018, que hacen referencia exclusivamente a las vías interurbanas y contemplan las consecuencias de los accidentes en las 24 horas posteriores al suceso. En total, 1.180 personas perdieron la vida en las carreteras españolas a lo largo del año, 18 menos que en 2017. Pese a que se trata de una levísima reducción de las cifras, arroja una cierta esperanza en que se pueda volver a la tendencia descendente que se venía registrando en ejercicios anteriores.

Es cierto que resulta complicado mantener altos porcentajes de reducción de siniestros y víctimas en la línea de los que se experimentaron en España en la década de 2005-2015, con un descenso en el número de fallecidos superior al 60% gracias a las numerosas políticas y planes implementados entonces; entre ellos, parece obligado hacer una referencia al carnet por puntos, pero también a otras muchas acciones, como la mejora de nuestras carreteras derivadas de una activa política inversora en construcción y conservación hasta el año 2009. Una vez alcanzados unos niveles de siniestralidad relativamente bajos, al menos si se comparan con años precedentes, las posibilidades de actuación están más limitadas. No obstante, esto no quiere decir que no se pueda articular nuevas políticas y que debamos resignarnos a convivir con las actuales cifras de siniestralidad; al contrario, supone que es necesario diseñar nuevas acciones y proponer nuevas medidas construidas sobre la base del análisis de los problemas de inseguridad que se están registrando en nuestras vías.

En este sentido, hay prioridades frente a las que no podemos ni debemos esperar más.

Ante un 74% de fallecidos en las carreteras convencionales, España necesita un plan específico para este tipo de vías, que ya reclamábamos desde estas mismas líneas hace un año.

Ante un 40% de accidentes por salida de vía, tanto en la red de gran capacidad como en la red convencional de carreteras, España precisa urgentemente un “Plan de Carreteras que Perdonan”, de manera que este tipo de siniestros tenga las mínimas consecuencias, en caso de que no sea posible evitar que se desencadenen.

Ante un aumento de la siniestralidad de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), que cada año incrementan su representatividad en las cifras globales de fallecidos (un 30% en 2011 frente a un 50% en 2018), son imprescindibles acciones específicas en todos los campos: las infraestructuras y su mantenimiento, la educación, la comunicación, el control, etc. En este sentido, sorprenden especialmente los datos relativos a atropellos de peatones: 49 fallecidos en vías de gran capacidad y 65 en vías convencionales; un problema creciente que precisa un análisis detallado y soluciones ad hoc.

Frente a cada una de las situaciones descritas, cabe formular acciones en el marco de los planteamientos del “Sistema Seguro”, en vigor en los países más avanzados en seguridad vial y en cuyo contexto consideramos estratégico trabajar en el futuro inmediato. El concepto de “Sistema Seguro” aboga por una mejora continua y estable de la red viaria, garantizando la máxima implicación de todos los agentes y asignando los presupuestos necesarios para su correcta gestión y conservación. Porque la carretera tiene mucho que aportar a la mejora de las cifras de siniestralidad, sin menoscabo de la adopción de otras medidas en los ámbitos de la educación y la concienciación, el control del cumplimiento de las normas, la mejora del parque de vehículos, etc.

 

 


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